lun. Sep 26th, 2022
Finalmente, la fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió que Cristina sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.

EL JUICIO PARCIAL A CRISTINA FERNÁNDEZ MARCA LA FRONTERA FINAL. SI EL LAW FARE LOGRA SU COMETIDO YA NADA SERÁ IGUAL.

JUICIO ESTILO LAW FARE

¿JUICIO O FUSILAMIENTO JURÍDICO?

Finalmente, la fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió que Cristina sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.

A su vez también pidió que se condene a doce años de prisión al empresario Lázaro Báez y para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti,  pidió diez años de cárcel.

La solicitud de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal 2, tras considerar que la exmandataria fue la “jefa de la asociación ilícita”, a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.

Como era de esperarse, funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y dirigentes del Frente de Todos expresaron su “solidaridad” hacia la vicepresidenta, ante el “hostigamiento político, judicial y mediático” aplicado en el juicio que investiga la obra pública en Santa Cruz que, consideraron, tiene el único fin de “condicionar políticamente” a la exmandataria.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández expresó su “más profundo afecto y solidaridad” hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el pedido de prisión del fiscal Diego Luciani, a la vez que difundió desde sus redes sociales un comunicado oficial del Gobierno en el que se repudia “la persecución judicial” en su contra.

El pronunciamiento del jefe del Estado tuvo difusión pública apenas el fiscal Luciani terminó de pedir las condenas y entre otras palabras dijo en su cuenta de Twitter “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”.

Como era de esperarse, la oposición ya aseguró que le iniciará juicio político al presidente por sus declaraciones “antirrepublicanas”.

Desde 2015, la fiscalía porteña abrió más de una decena de causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner. Algunas de estas causas se fueron cerrando y otras siguen en pleno proceso judicial, con diferentes estados de avance. Hacia finales de 2019, CFK acumulaba varios procesamientos con pedidos de prisión preventiva pero, a partir de 2020, en varias causas se comprobó su inocencia, lo que alivió momentáneamente su situación judicial. No obstante, la judicialización política y el lawfare lograron su cometido.

O JUICIO AMAÑADO O ¡MARCHE PRESA!

Cualquiera sea el juicio contra CFK que tomemos como ejemplo, podemos observar que todos violan los derechos fundamentales del Pacto de San José de Costa Rica:

Artículo 14 (1): Derecho a un tribunal establecido por ley, independiente e imparcial.

Artículo 14 (2): Derecho a la presunción de inocencia.

Artículo 14 (3) (c): Derecho a ser juzgado sin dilaciones.

Artículo 14 (3) (e): Derecho a obtener la comparecencia de testigos de descargo.

Artículo 14 (3) (g): Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo.

Artículo 14 (7): Derecho a no ser juzgado por el mismo hecho (ne bis in ídem).

Artículo 17 (1): Protección contra interferencias arbitrarias o ilegales en la privacidad y contra ofensas ilegales al honor o reputación.

La ilegalidad ha llegado a tal punto que en noviembre de 2019, las Naciones Unidas emitieron un dictamen a través de su relator, Dr. Diego García Sayan expresando su conocimiento respecto de un plan sistemático por parte del Poder Judicial, a través del Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y la fiscalía para perseguir a Cristina.

Si tenemos en cuenta que, una vez conocida la condena emitida por el juez Luciani, el pueblo salió inmediatamente a la calle para demostrar su apoyo incondicional a la líder del único movimiento progresista que existe en la Argentina desde 1947:

¿No sería esta la oportunidad de que nuestro presidente se replantee la posibilidad de dejar de lado su anodina postura demócrata y aproveche la oportunidad para ser el primer mandatario latinoamericano en comenzar a desmontar un sistema perverso nacido en la ciudad de Atlanta-EEUU- denominado lawfare?

El presidente puede estar muy acongojado por la situación de Cristina al igual que cualquier ciudadano que defienda la justicia, ya sea peronista o no, pero se olvida de que él, por el poder que le otorga su investidura podría ayudar a cambiarlo todo.

Según el periodista Fernando Borroni, “Cristina es la última frontera, si la atraviesan, se quedan con todo”.

Si Alberto continúa sin mover un dedo para enfrentar un poder judicial absolutamente delincuencial que sólo obedece a los poderes concentrados, podrá estar muy preocupado y triste por los fallos indignos contra Cristina, pero al igual que Milagro Sala, la sentencia final será la misma: ¡Marche presa!

Alejandro Lamaisón

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